Un Tribunal Superior de Riverside rechazó una moción presentada por Compassion & Choices en nombre de un médico y dos adultos con enfermedades terminales instando al juez a “anular” (es decir, cancelar) su juicio la semana pasada invalidando el End of Life Option Act o Ley de Opción de Fin de Vida. Sin embargo, el juez del tribunal, Daniel A. Ottolia, programó una audiencia para el 29 de junio para considerar una moción por separado del Procurador General de California, Xavier Becerra, para anular la sentencia.
La ley de California, igual que las leyes de Washington, DC y otros seis estados, otorga a los adultos que sufren de una enfermedad terminal, que se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales, pero que tienen un pronóstico de vida de seis meses o menos, la opción de solicitar una receta médica que puedan ingerir para poner fin al sufrimiento insoportable y morir pacíficamente mientras duermen.
La moción del procurador general le pide al tribunal anular el fallo porque: “… pretende prohibir al ‘Estado de California’ a pesar de que no hay acusaciones en la queja de los demandantes sobre el ‘Estado de California’ como motivo de desagravio por mandato judicial. “La moción también le pide al tribunal anular el fallo porque “el Departamento de Salud Pública y el Procurador General del Estado de California fueron privados de su derecho a presentar objeciones antes que se dictara el Fallo Propuesto por los Demandantes”.
“Estamos profundamente decepcionados que el tribunal haya fallado en nuestra contra, pero agradecemos al Procurador General Becerra por defender la ley”, dijo Kevin Díaz, director nacional de defensa legal para Compassion & Choices, cuya organización hermana, Compassion & Choices Action Network, dirigió la campaña para pasar el End of Life Option Act o Ley de Ayuda Médica Para Morir. “Pero el retraso de la audiencia por un mes es inaceptable porque, mientras tanto, la ley no está vigente y los californianos en estado terminal están sin la opción de ayuda médica para morir para terminar pacíficamente con un sufrimiento insoportable”.
El 15 de mayo, el juez Ottolia aceptó la moción de los demandantes en el caso, Ahn vs. Hestrin —Caso RIC1607135, para invalidar la ley porque alegó que la legislatura violó la constitución del estado al aprobarla durante una sesión especial limitada a asuntos de atención médica. La proclamación del gobernador convocó a la Legislatura para una sesión extraordinaria para “considerar y actuar según la legislación necesaria para promulgar fondos permanentes y sostenibles a partir de un nuevo impuesto a organizaciones de atención administrada y / o fuentes alternativas de fondos” y “considerar y actuar según la legislación necesaria para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de atención médica, reducir el costo de proporcionar servicios de atención médica y mejorar la salud de los Californianos “.
El Juez Ottolia le dió al procurador general Xavier Becerra cinco días para apelar el fallo, y el procurador general lo hizo el 21 de mayo. El 23 de mayo, el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito rechazó una solicitud de ‘instancia’ pero ordenó a los demandantes a mostrar la causa por la cual el tribunal de apelación no debe anular el fallo en 25 días. A pesar de la negación de la suspensión por parte del tribunal de apelación, la decisión original del juez Ottolia no suspendió la ley la semana pasada porque aún no había emitido una sentencia que diera efecto a su decisión reflejada en su orden.
“La decisión del Tribunal se basó en una lectura estrecha y limitada de la proclamación, sin ninguna consideración al alcance total del tema que la proclamación del gobernador abrió a la legislatura”, dijo John C. Kappos, socio del bufete de abogados O’Melveny quien trabaja con Compassion & Choices, y quien presentó un informe amicus antes en el caso. “En una votación separada de la que se aprobó la Ley de Opción de Fin de Vida, la Asamblea rechazó específicamente el argumento que los Demandantes declaran en su demanda y determinó que la ley se refería a la atención médica”.
Los tres solicitantes de la moción son:
1) Matthew Fairchild, sargento jubilado del ejército en Burbank de 48 años con melanoma terminal que se ha extendido a los huesos, los pulmones y el cerebro que no ha recibido un pronóstico de seis meses o menos de vida, pero desea la opción de ayuda médica para morir cuando llegue ese momento.
“Estoy devastado al saber que este Tribunal ha emitido un fallo que interferirá con mi capacidad de recibir una receta médica para obtener ayuda para morir cuando llegue al diagnóstico en el que tenga menos de seis meses de vida y cuándo mi sufrimiento se vuelva insoportable “, dijo Fairchild en su petición al tribunal. “Esta decisión probablemente signifique que no tendré una opción cuando mi sufrimiento se vuelva intolerable y que tendré que soportar una muerte innecesariamente agonizante”.
2) Joan Nelson, residente de 82 años del Condado de Marín que sufre de un raro cáncer terminal llamado leiomiosarcoma, solicitó y recibió una receta de ayuda médica para morir antes del juicio que invalida la ley, pero que ahora teme las ramificaciones legales de la realidad – administrar su medicamento si su sufrimiento llega a ser demasiado.
“… Estoy muy preocupada al saber que este Tribunal ha tomado una decisión que podría interferir con mi capacidad de utilizar mi medicamento de ayuda médica para morir cuando mi sufrimiento se vuelva insoportable”, dijo Nelson en su petición al tribunal. “Esta decisión me deja con incertidumbre acerca de si puedo usar legalmente mi medicamento de ayuda para morir y si mi muerte se considerará un ‘suicidio’, en lugar de la muerte por leiomiosarcoma como debería ser considerada”.
3) La Dra. Catherine Sonquist Forest, profesora clínica asociada de medicina familiar en la Universidad de California en San Francisco Natividad en Salinas, quien ha participado activamente en el cuidado de salud de más de una docena de pacientes que han buscado medicamentos según el End of Life Option Act o Ley de Opción de Fin de Vida.
“La reciente decisión que indica que la Ley de Opción de Fin de Vida se promulgó de manera inconstitucional nos ha dejado a mí, a mis colegas y pacientes tambaleándonos mientras intentamos contemplar los cuidados de fin de vida”, dijo la Dra. Forest en su petición al tribunal. “La confusión ha agravado el sufrimiento de mis pacientes”.
“Para Matt Fairchild y Joan Nelson, el resultado de esta acción podría determinar si ellos podran morir en sus propios términos, o si se les privará de esa autonomía y se quedarán sufriendo innecesariamente sus últimos días”, dijo Díaz. “En ausencia de las protecciones otorgadas por el End of Life Option Act (Ley de Opción de Fin de Vida), el estado podría presentar una acusación de delitos mayores contra cualquier médico como la doctora Forest, que brinda a los pacientes la ayuda médica para morir”.
En junio del año pasado, Compassion & Choices publicó un reporte el cual calculó que 504 californianos recibieron una receta médica de ayuda para morir desde que la ley entró en vigor el 9 de junio del 2016. El pasado julio, el California Department of Public Health o Departamento de Salud Pública de California publicó un informe el cual muestra que en un período de casi siete meses, del 9 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 191 personas en su etapa final de vida, recibieron recetas médicas de ayuda para morir por parte de 173 médicos; 111 de esos individuos (58%) decidieron ingerir el medicamento por sí mismos.
Las encuestas muestran que el 76 por ciento de los californianos de todo el espectro político y demográfico respaldan la ayuda médica para morir. Este apoyo mayoritario incluye el 82 por ciento de los demócratas, el 79 por ciento de los independientes, el 67 por ciento de los republicanos, el 75 por ciento de los blancos, los latinos y los asiáticos americanos, y el 52 por ciento de los afroamericanos.
California es uno de los siete estados, junto a Colorado, Montana, Oregón, Vermont, Washington y Hawái, así como el Distrito de Columbia, que han autorizado la ayuda médica para morir. Colectivamente, estas ocho jurisdicciones representan casi uno de cada cinco estadounidenses (19%).
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