Un tribunal federal emitió hoy martes un fallo histórico en una demanda que impugna la constitucionalidad de una disposición de ley de Idaho que el estado interpretó que se requiere que las personas embarazadas reciban tratamiento de soporte vital, aún y cuando se viole la directiva anticipada de la persona”. El tribunal dictaminó que la disposición invalida la directiva anticipada de una mujer embarazada. El estado de Idaho la hizo obligatoria durante más de 15 años, cuando la directiva anticipada en realidad es voluntaria.
El tribunal dictaminó asimismo, que la interpretación errónea de la ley por parte del estado era inconstitucional violando los derechos de la Primera, Quinta y Catorceava Enmienda Constitucional de los demandantes.
Como resultado de este dictamen, las mujeres de Idaho pueden rehusar de incluir la exclusión por embarazo en sus directivas anticipadas, en sus preferencias de cuidados de fin de vida. También pueden decidir qué tipos de cuidados médicos desean o no desean, en caso de quedar discapacitadas durante el embarazo.
La disposición que incluye el estatuto de Idaho del 2005 sobre directivas anticipadas, estipula que cuando una mujer ha sido diagnosticada con embarazo, su directiva anticipada “no tendrá validez durante el curso del embarazo”.
La demanda, Almerico et al. v. State of Idaho et al, presentada en el 2018 en nombre de cuatro mujeres de Idaho en edad fértil, afirma que la ley viola sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, a la toma de decisiones médicas, y a un debido procedimiento legal, así como a la igualdad de protección. Se calculó en el 2016, que más de 300,000 mujeres de Idaho se encontraban en edad fértil (entre 15 y 44 años).
Las cuatro mujeres están siendo representadas en la demanda por Compassion & Choices, Legal Voice, If/ When/How and Perkins Coie, LLC. El estado cambió su postura en enero del 2021, alegando que la cláusula dice: “el lenguaje de exclusión por embarazo es voluntario“. Sin embargo, el Estado aún no había tomado acciones afirmativas, que dieran a conocer su cambio de postura.
El fallo de la corte reconoció el día de hoy, que la exclusión por embarazo representa “un paso extraordinario y sin precedentes que van más allá de las restricciones para el aborto”. El tribunal sostuvo que la ley de Idaho violaba el derecho constitucional de una persona para rechazar un tratamiento médico no deseado, tal y como reconoció por primera vez la Corte Suprema de los Estados Unidos en Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, al afirmar que: “Las mujeres no pierden estos derechos si llegan a caer en un coma, mientras están embarazadas. … ”El tribunal dictaminó asimismo, que “la exclusión por embarazo también viola la Primera Enmienda de la Constitución, lo que impide que el gobierno obligue a las personas a expresar ciertas opiniones, tal y como prohíbe la censura de expresión ”.
El fallo de la corte podría tener repercusiones en las exclusiones por embarazo en más de 30 estados, incluyendo a 10 estados que tienen restricciones severas: Alabama, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Carolina del Sur, Texas, Utah, y Wisconsin.
La cuestión de las exclusiones por embarazo dentro de los estatutos de las directivas anticipadas, atrajo la atención a nivel nacional en el 2013. El caso estuvo relacionado con Marlise Muñoz, una mujer de Texas que tenía aproximadamente 14 semanas de embarazo, cuando sufrió una embolia pulmonar y dos días después, los médicos la declararon con muerte cerebral. Conociendo los deseos de Marlise para el fin de vida, su esposo, Erick Muñoz, le pidió a sus médicos que le retiraran o se abstuvieran de darle cualquier tratamiento médico “de soporte vital” a su esposa Marlise, quien se encontraba con muerte cerebral. El hospital se negó, citando un estatuto de Texas, el Advance Directive Act, o Ley de Directiva Anticipada, la cual invalida automáticamente las directivas anticipadas de una mujer, en el caso de que se encuentre embarazada. Dos meses después, el tribunal de primera instancia sostuvo que el estatuto de Texas no se aplica a una mujer que está legalmente muerta y embarazada, por lo que se le ordenó al hospital que retirara todo tratamiento médico de soporte vital en su cuerpo.
“Esta decisión es una victoria para decenas de miles de mujeres de Idaho en edad fértil”, dijo la demandante Hannah Sharp, quien estaba embarazada en mayo del 2018, cuando se presentó la demanda, pero posteriormente dio a luz y vive actualmente en Boise. “Estoy muy agradecida por tener ahora la tranquilidad de que mi directiva anticipada se hará válida y ejecutable, a pesar de no tener mi directiva el lenguaje de exclusión por embarazo“.
Chelsea Gaona-Lincoln de Caldwell, así también como Anna Almerico y Micaela de Loyola-Carkin, residentes de Boise, son las otras tres demandantes.
“Agradecemos el fallo de la corte de que la exclusión por embarazo sea voluntaria, porque la necesidad de una directiva legalmente ejecutable es más crítica hoy, dados los riesgos que plantea el COVID-19”, dicen las demandantes en una moción de demanda de juicio sumario presentada por Boise office of Perkins Coie LLP, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Idaho.
“Los pacientes con COVID-19 tienen un riesgo mayor de necesitar intervenciones invasivas, tal como la intubación mecánica o artificial, que limita o elimina la capacidad para poder comunicarse”.
“Nos da tranquilidad que el tribunal haya concluido que la exclusión por embarazo es voluntaria, porque las personas embarazadas corren también un riesgo mayor de enfermedad grave o de muerte por el COVID-19”, dijo Kevin Díaz, director de Defensa Legal para Compassion & Choices. “La probabilidad de tener una enfermedad grave que pueda llevar a intervenciones invasivas es mayor para las personas con ciertas condiciones médicas como el asma, que padece la Sra. Sharp”.
“Bajo la exclusión por embarazo, una mujer embarazada que está a punto de morir y tiene su directiva anticipada indicando que le sea retirado todo soporte vital, se le aplicaría forzosamente el soporte vital, hasta que nazca su bebé”, dijo Jessica Pezley, abogada de Compassion & Choices. “El tribunal determinó que la exclusión por embarazo viola el derecho constitucional que tiene una persona competente para rechazar un tratamiento médico no deseado que salvaguarde la vida”.
Compassion & Choices está comprometida a capacitar a las personas para que obtengan los cuidados de salud que desean, durante una enfermedad grave o para el fin de vida. Cualquier persona puede tener acceso gratuito a nuestras herramientas de planificación para los cuidados de fin de vida, incluyendo directivas anticipadas y un juego de herramientas para el COVID-19, en: CompassionAndChoices.org/End-of-Life-Planning.
Compassion & Choices
Media Contacts
Michael Cavaiola
National Director of Marketing & Communications
[email protected]
Phone: (480) 622 4427
Patricia A. González-Portillo
Senior National Latino Media Director
[email protected]
(323) 819 0310
Mail contributions directly to:
Compassion & Choices Gift Processing Center
PO Box 485
Etna, NH 03750