Un tribunal federal rechazó hoy una moción hecha por demandados del Estado de Idaho, para desestimar una demanda que desafía la constitucionalidad de un estatuto estatal que invalida la directiva anticipada de una persona, cuando se ha diagnosticado un embarazo.
El tribunal determinó que los demandantes pueden proceder con su demanda, lo que desafía la constitucionalidad del estatuto.
La demanda, Almerico et al. vs. State of Idaho et al, fue presentada en mayo del 2018 por Compassion & Choices y Legal Voice en nombre de cuatro mujeres de Idaho. El resultado de la demanda podría tener repercusiones para leyes similares en nueve estados: Alabama, Indiana, Kansas, Michigan, Missouri, Carolina del Sur, Texas, Utah y Wisconsin. Washington revocó una ley similar en la década de los ochentas.
La Ley de Consentimiento Médico y Muerte Natural de Idaho reconoce: …“el derecho fundamental de personas mentalmente capaces para controlar decisiones relacionadas con la prestación de sus cuidados médicos, incluyendo la decisión de retener o retirar procedimientos de mantenimiento de vida”. Pero la ley estipula que si la persona “ha sido diagnosticada con embarazo, esta Directiva no se hará cumplir durante el curso del embarazo”.
Esta ley no toma en cuenta los deseos que una persona tiene para los cuidados que desea o que no desea recibir. Por esta razón, Compassion & Choices y Legal Voice, argumentan que la ley de Idaho viola los derechos constitucionales de igualdad legal de la persona, así como la capacidad de poder dirigir sus cuidados médicos.
Las cuatro demandantes son mujeres en edad fértil, mismas que han realizado sus directivas anticipadas que detallan sus preferencias de cuidados de salud, en el caso de que no poder hablar por sí mismas. Algunas de sus directivas de cuidados de salud incluyen provisiones sobre el embarazo, mientras que otras no lo incluyen, lo que refleja diferentes expectativas sobre sus cuidados de salud en el caso de una enfermedad terminal durante el embarazo.
“Esta ley es una bofetada en la cara para toda mujer embarazada en Idaho”, dijo la demandante, Chelsea Gaona-
La demandante Chelsea Gaona-Lincoln, que estaba embarazada de su primer hijo cuando se presentó la demanda en mayo de 2018.
Lincoln, una terapeuta conductual que estaba embarazada de su primer hijo, cuando se presentó la demanda en mayo del 2018, pero que ya dio a luz y radica en Caldwell, Idaho. “Estoy agradecida de que mi bebé y yo estamos sanos ahora. Pero el pensar que mis decisiones de cuidados de salud estipuladas en mi directiva anticipada, no estaban garantizadas durante mi embarazo, me resulta profundamente ofensivo. Mi capacidad para tomar decisiones no cambió por estar embarazada, y no hubiera querido que un funcionario estatal le dictara decisiones familiares sobre mis cuidados de fin de vida”.
Las otras tres demandantes son Anna Almerico, Micaela de Loyola-Carkin y Hannah Sharp, quienes viven en Boise, Idaho. Los demandados son el Secretario de Estado de Idaho, Lawrence Denney, el Procurador General de Idaho, Lawrence Wasden y el Director del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho, Dave Jeppesen.
“La negativa de Idaho de reconocer el derecho de todas las personas, independientemente de su género, para tomar decisiones por lo que se refiere a sus cuidados de salud, viola el proceso de ley, así como las cláusulas de protección de igualdad de la Constitución de los Estados Unidos”, indica la demanda de inconformidad, misma que fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito de Idaho, por Boise office of Perkins Coie LLP. “Por consiguiente, las demandantes solicitan un fallo que declare inconstitucional a la sección de la ley que automáticamente invalida la directiva de salud de una mujer si es diagnosticada con embarazo.”
La inconformidad también solicita al tribunal que prohíba permanentemente a los demandados, “de anular las directivas de cuidados de salud por un embarazo” y “de declarar que (directivas de cuidados de salud) no se harán cumplir o que no se considerarán válidas durante el embarazo”.
“La exclusión del embarazo es inconstitucional porque viola los derechos fundamentales a la integridad corporal, de poder dirigir o rechazar tratamiento médico y equitativo ante la ley. Asimismo, viola la primera enmienda al derecho a la libertad de expresión,” dijo Kevin Díaz, director nacional de defensa legal de Compassion & Choices. “Estos derechos sobreviven durante el embarazo y esta decisión significa que el tribunal toma seriamente nuestros argumentos”.
“La exclusión del embarazo priva a las personas que pueden embarazarse, de su derecho fundamental para dirigir sus propios cuidados médicos, sugiriendo que las decisiones sobre su salud, de cuándo y cómo permitir intervenciones corporales para mantener sus vidas, son menos dignas de respeto que las decisiones de otras personas,” dijo Kim Clark, abogado principal de Legal Voice. “La idea de que el estado debe tomar estas decisiones, que son profundamente personales para sus ciudadanos y sujetar potencialmente a todo un grupo de personas para someterse a intervenciones médicas en contra de su voluntad, ofende el derecho más sagrado de cada persona a la posesión y control sobre su cuerpo. Peor aún, este tratamiento degradante no tiene base en la ética o ciencia médica. En cambio, está basado en estereotipos de género de roles femeninos, incluyendo la capacidad de embarazo y crianza de los hijos, que fue utilizado alguna vez para justificar leyes que excluyen a las mujeres de la vida cívica, profesional y política”.
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