Hospital está Imponiendo Soporte Vital a Mujer Legalmente Muerta hasta que su Feto Tenga 32 Semanas de Gestación, Citando Incorrectamente la Ley Estatal Sobre el Aborto.

Adriana Smith, una mujer de Georgia, fue declarada con muerte cerebral durante más de 90 días, pero su familia está siendo obligada a mantenerla con vida artificial porque está embarazada. Smith tenía solo nueve semanas de embarazo cuando fue obligada a utilizar soporte vital. Bajo la ley de Georgia, una persona declarada con muerte cerebral, se encuentra legalmente muerta.

“Es ofensivo negarle a toda persona la capacidad para tomar decisiones sobre sus cuidados médicos para el fin de vida que se alineen con sus creencias profundamente arraigadas”, dijo Kevin Díaz, Presidente Director Ejecutivo Interino de Compassion & Choices. “Imponerle intervenciones médicas invasivas a una persona con muerte cerebral solo por estar embarazada y hacerlo sin su consentimiento, sin tomar en cuenta a su familia y en desafío al conocimiento médico establecido sobre la viabilidad fetal, constituye una grave violación a sus derechos y a la dignidad humana”.

En el 2021, un juez federal dictaminó sobre un caso histórico presentado por Compassion & Choices, junto con If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice, and Legal Voice, Almerico v. Denney,  que una ley de Idaho, según funcionarios estatales, negaba el derecho a las personas embarazadas incapacitadas para tomar decisiones sobre su salud, era inconstitucional. El Tribunal Federal dictaminó en este caso que las decisiones sobre los cuidados paliativos [para el fin de vida], no deben ignorarse simplemente porque se trata de una persona embarazada, enfatizando que imponer un tratamiento de soporte vital a una persona que está embarazada, es fundamentalmente distinto, a regular el acceso de un aborto.

El Tribunal de Idaho dictaminó que una ley que pudiera imponer soporte vital a personas embarazadas en contra de sus decisiones personales expresadas “niega por completo las elecciones de las mujeres, independientemente de la viabilidad del feto, y las obliga a recibir tratamiento médico”.

“Todas las personas merecen tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos, sin tener que preocuparse que el estado interfiera y que las despoje de su dignidad”, dijo Farah Díaz-Tello, Asesora Jurídica Principal y Directora Legal de If/When/How.  “Esta situación desgarradora es un ejemplo de las formas en que Georgia le niega a las personas de raza negra el control sobre sus cuerpos durante el embarazo, mientras hacen lo mínimo para asegurar que tengan embarazos seguros y saludables”.

“Esto trata fundamentalmente de la toma de decisiones para el fin de vida”, dijo Charmaine Manansala, Directora de Defensa de Compassion & Choices. “La madre de Adriana Smith, April Newkirk, debe poder tomar esta decisión de acuerdo con lo que su hija hubiera deseado, sin interferencias externas”.

Un tribunal de Texas dictaminó previamente en el caso de  Marlise Muñoz, cuya familia sufrió semanas traumáticas mientras su cuerpo permanecía con soporte vital, en contra de sus decisiones personales expresadas de gestar su embarazo, ya que la exclusión estatal por embarazo no era aplicable en una  persona fallecida.

“Una persona que ha sido diagnosticada médicamente con muerte cerebral, está legalmente muerta“, añadió Jess Pezley, abogada de Compassion & Choices. “Por consiguiente, las restricciones al aborto en Georgia no se aplican en este caso. La familia de Smith debió brindarle a su ser querido los cuidados de salud para fin de vida que ella hubiera querido tener”.

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